[El País] Victoria Camps / Adela Cortina / José Luis García Delgado. Un gran número de españoles está viviendo la crisis actual como un auténtico fracaso del país en su conjunto. Hace ya más de tres décadas emprendimos una transición política y social que, con sus luces y sombras, como todo en este mundo, se ha convertido en una auténtica referencia para algunos países deseosos de dar el paso de la dictadura a la democracia. El poder político pasó paulatinamente de un partido de centro a partidos de centro-izquierda y centro-derecha, sin más ruido de sables que el del 23-F y sin más mecanismo que el de instituciones políticas y elecciones libres y bien reguladas. Se transformaron las infraestructuras, se modernizaron los medios de comunicación, aumentó el número de estudiantes universitarios, ingresamos en la Unión Europea, construimos un razonable Estado de justicia,creímos haber alcanzado la velocidad de crucero propia de países democráticos, no solo en política y economía, sino también, y sobre todo, en cultura. La disposición al diálogo, el espíritu abierto y tolerante parecían haber sustituido los viejos estilos de vida en una sociedad pluralista.
Pero en 2007 estalló en el nivel global y local
esa crisis que había venido gestándose, una crisis que parece ser sobre todo económico-financiera y política, y descubrimos que el rey estaba en buena parte desnudo. Que, por desgracia, nos queda mucho camino por andar.
Para recorrer con bien ese camino importa preguntar qué nos ha pasado, qué ha fallado, y un punto esencial es que no se trata solo de una crisis económica y política, sino también de una crisis ética, que pone de manifiesto las carencias de espíritu cívico. En los últimos años, nos ha faltado un marco ético efectivo, capaz de estimular la responsabilidad social y un buen uso de la libertad.
Con el deseo de aportar algunas sugerencias para la elaboración de ese marco, el Círculo Cívico de Opinión dedica el sexto de los Documentos que ha publicado al tema Democracia de calidad: valores cívicos frente a la crisis, y en él apunta a modo de ejemplo medidas como las siguientes:
Perseguir un bien común. En una democracia que es, a su vez, un Estado de derecho, es preciso perseguir un bien común que amplíe el horizonte de los intereses individuales como los únicos fines de la actividad económica y política. Por legítimos que sean los intereses privados, las instituciones y los ciudadanos se deben también a unos intereses comunes.
La equidad como fin. Sostener la equidad y mejorarla debería ser el principio irrenunciable de un Estado de derecho. En muy poco tiempo, España consiguió poner en pie un Estado de bienestar homologable con el resto de los países de nuestro entorno. Pero el modelo es frágil y no podrá sostenerse si no va acompañado de la voluntad de preservarlo por encima de todo. Hay que repensar el modelo con serenidad y con voluntad de conseguir acuerdos lo más amplios posibles.
Debe cambiar el orden de los valores. Los años de bonanza económica pasados han propiciado una cultura de la irresponsabilidad y del dinero fácil, que ha traído consigo corrupción, evasión de impuestos y un consumismo voraz. Si algo puede enseñar la crisis es que debe cambiar la jerarquía de valores transformando las formas de vida, entendiendo que el bienestar no se nutre solo de bienes materiales y consumibles. Formas de vida que fortalezcan cultural y espiritualmente al individuo y a la sociedad con valores como la solidaridad, la cooperación, la pasión por el saber, el autodominio, la austeridad, la previsión o el trabajo bien hecho.
Decir la verdad. La costumbre de ocultar la verdad por parte de políticos y controladores de la economía de distintos niveles ha sido responsable de la crisis en buena medida. Pero esa costumbre se ha extendido también entre intelectuales y otros agentes de la vida pública, plegados a lo políticamente correcto, sea de un signo o de otro. Entre la incompetencia y la ocultación saber qué pasa y anticipar con probabilidad qué puede pasar es imposible para la gente de a pie.
Cultura de la ejemplaridad. Los protagonistas visibles de la vida pública tienen un deber de ejemplaridad, coherente con los valores que dan sentido a las sociedades democráticas. La corrupción, la malversación de bienes públicos, el despilfarro, el desinterés por
el sufrimiento de quienes padecen las consecuencias de la crisis, la asignación de sueldos, indemnizaciones y retiros desmesurados producen indignación en ocasiones, pero también modelos que se van copiando con resultados desastrosos.
Rechazar lo inadmisible. Para que una sociedad funcione bien es necesario que las leyes sean claras y que se apliquen, pero también que la ciudadanía rechace las conductas inaceptables. Es verdad que hay que ir con mucho cuidado con eso que se ha llamado la “vergüenza social” y que es una de las formas que tiene una sociedad para desactivar actuaciones que considera reprobables. Esa vergüenza ha causado tanto daño y es tan manipulable, la utilizan tan a menudo unos grupos para desacreditar a otros, que solo puede recurrirse a ella como una cultura, vivida por todos los grupos sociales, de que determinadas conductas no pueden darse por buenas.
Potenciar el esfuerzo. Lo que vale cuesta. Dar a entender que se pueden alcanzar las metas vitales sin trabajo alguno es engañar, condenar a las gentes a ser carne de fracaso y destruir un país. Aprender, por el contrario, que esfuerzo y ocio son dos caras del buen vivir, que ayudan a construir un buen presente y un buen futuro.
Superar la partidización de la vida pública. La partidización de la vida pública es uno de los lastres de nuestra política, que impide agregar voluntades para encontrar salidas efectivas y consensuadas a los problemas que nos agobian. Cuando ante cada uno de los problemas públicos la sociedad se divide siguiendo los argumentarios de los partidos políticos se destruyen la
cohesión social y la amistad cívica indispensables para llevar una sociedad adelante.
El sentido de la profesionalidad. La profesionalidad, en todos sus ámbitos de ejercicio, es un valor que no debe medirse solo por la eficiencia y la competencia científica y técnica, siendo ambos valores altamente encomiables. Ser un buen profesional significa incorporar también ideales que hagan de las distintas profesiones un servicio a la sociedad y al interés común. Es buena la gestión estimulada no solo por la obtención de beneficios materiales, sino por un espíritu cívico y de servicio.
Promover la educación. El mejor instrumento de que disponemos para conseguir una sociedad mejor y cambiar el orden de los valores es la educación, entendida como formación de la personalidad y como una tarea de la sociedad en su conjunto. El ideal de autenticidad debe poder conjugarse con los valores propios de la
vida democrática.
Recuperar el prestigio. Ni las instituciones ni las personas que ostentan los cargos de mayor responsabilidad han sabido ganarse la reputación y el prestigio imprescindibles para merecer confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía. Además del déficit notable de ideas para gestionar y resolver la crisis, se echa de menos un liderazgo compartido por el conjunto de grupos políticos, que actúe con valentía y con prudencia, que corrija los despilfarros de otros tiempos, que sepa discernir la gravedad de cada problema y que tenga visión de futuro y no atienda únicamente al corto plazo.
Construir un marco de valores comunes. Es urgente construir un suelo de valores compartidos, fortalecer los recursos morales que surgen de las buenas prácticas porque solo así se generará confianza. Pero también crear espacios de deliberación que hagan posible construir pueblo, y no masa, que fortalezcan la intersubjetividad y no se disgreguen en la suma de subjetividades. Generar pueblo y sociedad civil tanto en España como en Europa, donde somos y donde queremos estar, es uno de los retos, porque tal vez sea esta una de las claves del fracaso de Europa: no haber intentado reforzar la conciencia de ciudadanía europea, la Europa de los ciudadanos, esa pieza que resulta indispensable para que sean posibles tanto la Europa económica como la política.
Victoria Camps, Adela Cortina y José Luis García Delgado, en representación del Círculo Cívico de Opinión.
